El Gobierno ha alcanzado un pacto con las organizaciones sindicales que contempla un incremento retributivo del 11% para el personal empleado público entre 2025 y 2028, dentro de un marco plurianual que abarcará a más de tres millones y medio de trabajadoras y trabajadores de todas las Administraciones del Estado. Este aumento se aplicará de forma escalonada y vendrá acompañado de la mejora de distintos aspectos clave de las condiciones laborales en el sector público.
Calendario de incrementos
El calendario de aplicación queda configurado de la siguiente manera:
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2025: subida del 2,5%, con efectos desde el 1 de enero y abono de atrasos en la nómina de diciembre.
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2026: incremento fijo del 1,5%, más un 0,5% adicional si el IPC de ese año es igual o superior al 1,5%.
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2027: aumento del 4,5% (o del 5% si finalmente no se activa el 0,5% variable previsto para 2026).
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2028: incremento del 2%.
Considerando el efecto de arrastre sobre los complementos y las bases salariales, la ganancia acumulada efectiva se situará en torno al 11,4%.
Impacto por grupos profesionales
Aunque las cuantías concretas dependerán del puesto, la antigüedad y los complementos de cada persona, las proyecciones para la Administración General del Estado apuntan a subidas aproximadas, al término de 2028, de:
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Grupo A1: en torno a 3.800 € anuales más.
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Grupo A2: en torno a 3.600 € anuales más.
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Grupo B: en torno a 3.450 € anuales más.
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Grupo C1: en torno a 3.200 € anuales más.
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Grupo C2: en torno a 2.800 € anuales más.
Así, por ejemplo, un empleado del subgrupo A1 podría pasar de unos 33.952 € actuales a alrededor de 37.818 € al final del periodo, mientras que en el grupo C1 la retribución anual se situaría en torno a 31.400 €.
Otras mejoras acordadas
Además de la parte estrictamente salarial, el acuerdo incorpora un bloque de medidas orientadas a modernizar la función pública y reorganizar el empleo:
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Supresión progresiva de la tasa de reposición
Permitirá ofertar nuevas plazas sin estar condicionadas únicamente por las jubilaciones, con el objetivo de reforzar plantillas y disminuir la temporalidad.
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Reducción de los tiempos de los procesos selectivos
Se fija como meta que desde la convocatoria hasta la toma de posesión no transcurra más de un año, frente a los plazos actuales, que en muchos cuerpos superan los dos años.
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Refuerzo de la atención ciudadana
Se prevé mejorar los puestos de atención directa, tanto en medios materiales como en la estructura retributiva asociada.
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Impulso a la promoción interna y la carrera profesional
Se programarán procesos específicos de promoción interna, se facilitará la movilidad y se adecuará la clasificación de puestos a las funciones efectivamente desempeñadas.
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Jornada de 35 horas y teletrabajo
Se abrirá un proceso negociador para generalizar la jornada semanal de 35 horas y regular el teletrabajo en la Administración General del Estado.
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Revisión de complementos e indemnizaciones
En 2026 se actualizarán al alza los complementos de residencia e insularidad, así como las indemnizaciones por razón de servicio.
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Permisos, conciliación y salud laboral
Se actualizará el catálogo de permisos y se reforzarán las políticas de prevención de riesgos laborales, el apoyo psicológico y las medidas frente a posibles agresiones.
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Jubilación y mutualismo administrativo
Se analizará la situación de la jubilación parcial y se impulsarán mejoras en la calidad del mutualismo administrativo.
Entrada en vigor
La primera subida, correspondiente a 2025, se incorporará a la nómina de diciembre, incluyendo el pago de atrasos desde enero. Asimismo, se prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento en un plazo máximo de 15 días desde la firma, encargada de velar por el cumplimiento y correcta ejecución del acuerdo.
